La inclusión de las contralorías internas en las organizaciones públicas es tan antigua como la conformación formal de la Administración Pública. De ahí que retomemos el desarrollo histórico del Poder Público en México, como parte de nuestros antecedentes históricos.
La Administración Pública en México en el siglo XVIII, tuvo como rasgo distintivo de la Administración Pública Colonial la centralización de atribuciones, facultades y recursos a favor de la corona española. Sus órganos coloniales como son el Virrey, la Capitanía General, el Gobernador, la Audiencia, el Corregido, el Alcalde Mayor y los Ayuntamientos, eran excesivamente centralizados; así como se caracterizó por tener una actividad recaudatoria extensiva con el fin de aumentar los ingresos a la corona española.
La Inspección de los Tribunales de Justicia; la Inspección de los Tribunales de la Real Hacienda, era enfocada a la corrección de los abusos con relación a la recaudación; y la disminución de los gastos de la corona e incrementar las rentas de la Real Hacienda, para eliminar gastos innecesarios y suprimir dispensas; esas fueron las instrucciones que recibió Don José de Gálvez en 1765, para la Reforma Borbónica en la Colonia; esto tuvo como resultado el combate a la corrupción en cobro y evasión de impuestos en aduanas, una disminución de gastos y mayores ingresos para la corona, la expulsión de los jesuitas, la recuperación de sus bienes para la colonia y en consecuencia, la Primera Reforma Administrativa en América Latina.
En el siglo XIX, México alcanza su independencia de España y nace como país con cuatro ministerios (cuatro causas); durante la independencia la administración de los asuntos públicos se hacían de acuerdo a los principios de condiciones de excepción y extraordinarias; con una constante movilidad de funcionarios, carencia de preparación de los empleados, desastres en las finanzas del Estado, aumento de deuda interna y externa y una falta de continuidad en las acciones de gobierno.

La Administración Pública Congresional se basó en el Congreso de 1824 a 1829 para la promulgación de la primera Constitución en el año de 1824, existiendo una enorme concentración de atribuciones en poder del congreso, por lo que se debilitó y limitó a las atribuciones del Poder Ejecutivo, el cual era acotado y controlado por el Poder Legislativo, haciendo a la Administración Congresional un desastre en la conducta del país.
En los dos periodos de gobierno de Porfirio Díaz (1877 – 1880 y 1884 – 1910) la Administración Pública tiene un impresionante crecimiento, una diversificación y una paz social; en este periodo se realizaron estudios sobre la racionalidad de la acción gubernamental en términos pragmáticos y la burocracia vivió momentos de estabilidad política nunca antes vista, permitiendo un desarrollo significativo en la Administración Pública.
En el siglo XX, una vez que la revolución mexicana se consolida y se pacifica el país, es promulgada la Constitución de 1917, la que establece nuevas atribuciones al Estado, existiendo una notable expansión de la actividad económica del Estado, mediante la creación de Dependencias y Entidades Estatales, y es un hecho que el crecimiento se deja sentir en todos los órdenes de la vida social, pero es más visible en el desenvolvimiento de la acción estatal.
A partir de la Reforma Administrativa de 1833 y hasta las reformas introducidas en 1917, se destacan la creación de diferentes dependencias y Departamentos Administrativos; siendo en los cambios Administrativos antes de 1970 donde se destaca la presencia de los órganos fiscalizadores, aunque no en los términos que actualmente funcionan (Departamento de Contraloría (1917 – 1934); El Departamento de Presupuesto (1928 – 1932); Las Comisiones de Eficiencia; La Comisión Intersecretarial creada en 1943; La creación de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa (1947); Reformas Individuales (Banco de México y Secretaría de la Defensa Nacional); La creación de la Secretaría de la Presidencia y conformación de la Comisión de la Administración Pública (CAP, 1965).
La Reforma en el gobierno de Luis Echeverría (1970 – 1976), representa la primera etapa de las grandes Reformas Administrativas en el siglo XX. Se crearon once programas y se establecieron Comisiones Internas de Administración (CIDA); auxiliadas por Unidades de Organización y Métodos (UOM) y con la asesoría de Unidades de Programación, y se inicia un proceso de Reforma Administrativa en el país.
La Reforma Administrativa (1977 – 1982), tenía como tesis: organizar el gobierno para organizar el país. Se establece el Sistema Nacional de Planeación; una nueva Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley de Deuda Pública. Destaca la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SSP).y la Reforma Administrativa transforma el aparato gubernamental a fondo.

Se conoce como la etapa Neoliberal a partir de 1982 – 2000 con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, donde se presenta la evolución de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal en los años de 1982, 1988, 1994 y el 2000.
Miguel de la Madrid propone el Programa de Descentralización Administrativa (1983 – 1988), para avanzar en la Descentralización Administrativa del país. Para ello, emite una Nueva Ley de Planeación y Convenio Único de Desarrollo (CUD), en la que se destaca la Reforma Municipal y sus modificaciones al artículo 115 de la Constitución Política Federal, fortaleciendo al Municipio y renovando su estructura.
En el gobierno de Carlos Salinas se pone en marcha el Programa General de Simplificación de la Administración Pública Federal (1989 – 1994), para reducir los trámites administrativos, los pasos y el tiempo de los bienes y servicios públicos. El programa quedó a cargo de la recién creada Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), dando resultados mínimos para un programa de este tipo.
Con el gobierno de Ernesto Zedillo se implementa el Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP) (1995 – 2000), su fin fue mejorar la calidad en la presentación de los servicios públicos, mediante enfoques gerenciales (calidad, planeación estratégica y reingeniería de procesos). Esto representó una ruptura administrativa por su enfoque, medios y propósitos a alcanzar, dando como resultado nuevas técnicas gerenciales aplicadas en la Administración Pública.
Con el Programa de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia (2001 – 2006), se pretendió combatir el problema de la corrupción y la impunidad en el gobierno, para mejorar una cultura de la transparencia, quedando bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), hoy Secretaría de la Función Pública y tuvo un acelerado impulso, aunque hoy solo es un referente administrativo.
Finalmente, en el ámbito Federal el modelo Estratégico de Innovación Gubernamental (2001 – 2006), fue elaborado por Ramón Muñoz, en la Oficina para la Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República; y se trata de uno de los documentos más polémicos en materia de mejoramiento de la Administración Pública y que requiere de un análisis fundado para emitir una opinión. Este es el último eslabón administrativo en el desarrollo histórico de la Administración Pública Mexicana en el Siglo XX.
Desde la creación de la Contraloría Municipal hasta la actualidad, han destacado diversos titulares a cargo de la misma, los que han consolidado gradualmente la estructura organizacional de la Contraloría Municipal que en sus inicios fue únicamente la del titular quien tenían la función de normar y controlar las acciones de la Administración Pública Municipal de aquellos tiempos.

En la actualidad, las facultades que se le han conferido al Municipio mediante el artículo 115 Constitucional y por la evolución de la Administración pública en sus tres niveles de gobierno, se ha tenido que ampliar también su marco de acción buscando reforzar el control interno de manera integral, siendo alguno de sus principales objetivos mantener una permanente auditoría de la Cuenta Pública, la Fiscalización de la Obra Pública, el desempeño de la función pública y en su caso la resolución y sanción de los servidores públicos municipales.

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones legales y normativas emitidas por los órdenes de gobierno federal y estatal en materia de control interno y evaluación del desempeño, es premisa de la Administración Pública Municipal 2020 – 2024 la construcción de un gobierno abierto y una cultura administrativa con enfoque a resultados, que impacte directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

Por lo anterior, la Administración Pública Municipal 2020 – 2024 tienen como objeto garantizar un gobierno abierto, transparente y rendición de cuentas que combata la corrupción y consolide la confianza y participación de la sociedad.

Por lo anterior, en la Contraloría Municipal estamos comprometidos en la implantación de acciones de control y seguimiento al ingreso y al ejercicio del gasto público, a la evaluación de la actuación de los servidores públicos, al fomento de la eficiencia operativa de las Unidades Administrativas y una mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal.

Para tal propósito, estamos implementando modelos de control que midan la eficiencia operativa para el cumplimiento de los objetivos, prevengan posibles desviaciones, obtengan información veraz, confiable y oportuna, propicien el cumplimiento del marco legal y normativo, salvaguarden, preserven y mantengan los recursos públicos promoviendo su rendición de cuentas y transparencia, aplicando acciones más efectivas en la prevención y combate a la corrupción.

“Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley, es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de éste.”, Kofi Annan.